El pasado 15 de septiembre, el Poder Ejecutivo envió al Senado de la República una iniciativa para reformar la Ley de Amparo. En esta se propone cambios profundos al juicio de amparo, agilización de procesos, suspensiones con nuevos límites y más. Pero, ¿qué más propone la Reforma a la Ley de Amparo y cuál sería su impacto en las empresas?
Cabe recalcar que la iniciativa también busca reformar la Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
¿Qué es la Ley de Amparo?
Históricamente, el juicio de amparo ha sido el principal instrumento para que cualquier persona o empresa se defienda de leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Su importancia radica en su capacidad para equilibrar el poder del Estado y proteger a los gobernados. Desde 1947 hasta la fecha, la Constitución ha sido reformada once veces en esta materia, casi siempre para ampliar los derechos y facilitar el acceso a la justicia.
Para las empresas, el amparo es una herramienta estratégica que permite:
Suspender actos de autoridad: A través de la medida cautelar de la suspensión, se puede paralizar temporalmente un acto (como una clausura, una multa o el bloqueo de cuentas) mientras un juez resuelve si dicho acto fue legal.
Impugnar leyes inconstitucionales: Permite a las empresas cuestionar normas que afecten desproporcionadamente sus operaciones o derechos.
Proteger la propiedad y la libertad económica: Sirve como defensa contra expropiaciones indebidas, regulaciones arbitrarias o cualquier acción que limite la actividad empresarial sin un sustento legal adecuado.
Un Vistazo a las Reformas Propuestas
La iniciativa busca, según su texto, hacer el juicio de amparo más ágil, simple y accesible. No obstante, introduce cambios sustanciales que podrían limitar su alcance actual. A continuación, se resumen las modificaciones clave:
Restricciones a la Suspensión
La suspensión, el "escudo" protector del amparo, enfrentaría nuevas limitaciones importantes.
No procederá la suspensión para permitir la operación de empresas que carezcan de permisos o concesiones, o si estos han sido revocados.
Se prohíbe expresamente la suspensión provisional en casos de bloqueo de cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) relacionados con presunto lavado de dinero. Solo se podrá obtener una suspensión definitiva si se demuestra la procedencia lícita de los fondos.
Los actos relacionados con la deuda pública no podrán ser suspendidos, al considerarse un asunto de interés nacional.
Se establece que las suspensiones contra normas generales no tendrán efectos generales, individualizando la protección únicamente para quien promueve el juicio.
Materia Fiscal y Actos de la UIF
La reforma endurece las reglas en el ámbito fiscal y financiero.
Una vez que un crédito fiscal sea firme, no se podrá utilizar el recurso de revocación o el juicio contencioso administrativo para impugnar los actos de cobro.
Se restringe drásticamente la suspensión contra el bloqueo de cuentas ordenado por la UIF, argumentando que este recurso se ha utilizado para liberar grandes sumas de dinero de procedencia presuntamente ilícita.
Plazos para Resoluciones
Para combatir los retrasos procesales, la Reforma establece plazos concretos para actuaciones que antes no los tenían. El más destacado es la imposición de un límite máximo de 60 días naturales para que un juez emita la sentencia del juicio de amparo, buscando agilizar la impartición de justicia.
Nueva Definición de Interés Legítimo
La Reforma busca añadir la definición del concepto de Interés Legítimo (del Artículo 5), con base en lo establecido por la SCJN. Redefine los requisitos para promover un amparo, exigiendo que la persona o empresa acredite un perjuicio real, actual y diferenciado.
Digitalización de Procedimientos
Se formaliza la opción de presentar demandas y promociones mediante firma electrónica, con la misma validez que los documentos físicos. Se creará un expediente digital a la par del físico, y aunque su uso será opcional para los particulares, se obligará a todas las autoridades a contar con un usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial.
Impacto Potencial para las Empresas
Estos cambios presentan un escenario de doble filo para el sector empresarial, con desafíos significativos y algunos beneficios puntuales.
Desafíos y Riesgos
Limitada capacidad para impugnar actos de autoridad: La restricción de las suspensiones, especialmente en materia fiscal y financiera, debilita la principal herramienta de defensa de las empresas. El SAT o la UIF podrían ejecutar sus actos de manera inmediata, causando un daño económico difícil de reparar, incluso si la empresa gana el juicio posteriormente.
Mayor dificultad para obtener medidas cautelares: La facultad ampliada de los jueces para negar suspensiones si consideran que afectan el "interés social" o el "orden público" introduce un elemento de discrecionalidad que genera incertidumbre jurídica.
Individualización de la defensa: Al eliminar los efectos generales de las suspensiones, cada empresa deberá iniciar su propio juicio de amparo, incluso contra leyes ya declaradas inconstitucionales. Esto encarece y atomiza la defensa legal, colocando la carga económica y procesal sobre el ciudadano.
Beneficios Potenciales
Procesos legales más eficientes: La fijación de un plazo máximo de 60 días para dictar sentencia y la estandarización de otros términos procesales prometen reducir los largos tiempos de espera que caracterizan a muchos juicios de amparo. A la par, se proponen 5 días para realizar la notificación de la admisión de recursos de revisión o amparos directos.
Reducción de cargas administrativas: La digitalización de los procedimientos puede agilizar las notificaciones y la presentación de escritos, simplificando la logística legal y reduciendo costos asociados a la gestión de documentos físicos.
Mayor certidumbre por plazos claros: Saber que existe un límite de tiempo para obtener una resolución puede ayudar a las empresas en su planeación financiera y estratégica.
Recomendaciones para las Empresas
Ante este panorama, la proactividad es fundamental. Las empresas no pueden permitirse esperar a que las reformas entren en vigor para actuar. Se recomienda tomar las siguientes medidas:
Revisar y fortalecer las estrategias legales: Es crucial analizar cómo las nuevas reglas de suspensión e interés legítimo podrían afectar los litigios actuales y futuros de la empresa. Las estrategias de defensa deberán adaptarse a un entorno donde obtener medidas cautelares será más complejo.
Reforzar los programas de cumplimiento (Compliance): Con un "escudo" de amparo debilitado, la prevención se vuelve más importante que nunca. Asegurarse de que todas las operaciones cumplen rigurosamente con la normativa fiscal, financiera y regulatoria minimiza el riesgo de enfrentar actos de autoridad adversos.
Asesoría legal especializada: Contactar con asesores legales para comprender a fondo las implicaciones de la reforma es un paso indispensable. Un análisis personalizado permitirá a cada empresa identificar sus vulnerabilidades específicas y diseñar un plan de acción a medida. En Consolidé, podemos brindarle la asesoría legal corporativa que necesita.
Consolidé, tu Aliado Estratégico ante el Cambio
La iniciativa de Reforma a la Ley de Amparo representa uno de los cambios más significativos en el sistema de justicia mexicano en años recientes. Si bien busca modernizar y agilizar los procedimientos, también plantea serios desafíos para la defensa de los derechos de las empresas.Mantente informado y prepárate para esta posible Reforma.
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