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Acuerdo 115-2026 de la LFPIORPI

Nueva Modificación a las Reglas de la Ley Antilavado con el Acuerdo 115/2026 – LFPIORPI

agosto 8, 2026

El Acuerdo 115/2026, publicado en el DOF el 7 de agosto de 2026, reforma de forma integral las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI. El cambio central es el abandono del modelo reactivo de reporteo para adoptar un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) con implementación gradual entre noviembre de 2026 y 2028.

El 7 de agosto de 2026, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 115/2026, firmado por el Secretario Édgar Abraham Amador Zamora. Con él, las Reglas de Carácter General (RCG) de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) experimentan su reforma más profunda desde su publicación original en 2013.

El alcance del cambio es un rediseño del marco regulatorio que alinea a México con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), trasladando la responsabilidad del cumplimiento desde la presentación formal de avisos hacia la gestión activa y preventiva de riesgos. Para los directivos de cumplimiento, finanzas y legal de las empresas que realizan Actividades Vulnerables, esto implica replantear estructuras, procesos, sistemas y recursos.

En este artículo desglosaremos qué cambió, qué nuevas obligaciones introduce el Acuerdo, cuáles son los plazos de implementación y qué pasos debe tomar tu organización hoy para llegar preparada al 30 de noviembre de 2026.

¿Qué es el Acuerdo 115/2026 y Qué Actualiza en la LFPIORPI?

Para entender la magnitud del Acuerdo 115/2026, conviene ubicarlo dentro del proceso regulatorio completo. 

La LFPIORPI establece qué debe hacerse. 

El Reglamento define quién supervisa el cumplimiento. 

Las Reglas de Carácter General (que este Acuerdo reforma) determinan cómo cumplir: los criterios técnicos, formatos, plazos y consecuencias del incumplimiento.

El Acuerdo 115/2026 modifica ese tercer eslabón de manera estructural:

  • Agrega 11 capítulos completamente nuevos a las RCG.
  • Incorpora 8 nuevas definiciones al Artículo 3 para estandarizar conceptos clave.
  • Deroga 5 disposiciones del marco anterior.

El resultado es un sistema de cumplimiento que ya no se mide por la cantidad de avisos presentados, sino por la solidez del modelo de gestión de riesgos que cada entidad obligada diseña, documenta, implementa y audita.

Línea de Tiempo: Actualizaciones a la LFPIORPI en 2025 y 2026

El Acuerdo 115/2026 es el resultado de un proceso regulatorio escalonado que conviene conocer para entender la lógica del sistema completo:

FechaEvento
16 de julio de 2025Reforma a la Ley LFPIORPI publicada en el DOF. Establece las obligaciones de fondo y amplía el alcance de las Actividades Vulnerables.
27 de marzo de 2026Publicación del Reglamento de la LFPIORPI reformada. Define los mecanismos de supervisión, los responsables de verificación y los criterios para identificar el riesgo bajo y el Beneficiario Controlador.
7 de agosto de 2026Publicación del Acuerdo 115/2026 en el DOF. Establece las Reglas de Carácter General que dictan cómo cumplir: metodologías, formatos, plazos y consecuencias.
30 de noviembre de 2026Entrada en vigor general del Acuerdo 115/2026.
1 de marzo de 2027Fecha límite para la metodología EBR, actualización del Manual de Políticas Internas y cumplimiento en clasificación de clientes e identificación del Beneficiario Controlador.
1 de junio de 2027Los mecanismos automatizados deben estar operativos con datos desde esta fecha.
30 de agosto de 2027Lanzamiento de la herramienta PEP 2.0 de consulta de la UIF.
Enero-diciembre 2027Primer período de capacitación anual obligatoria.
Enero-diciembre 2028Primer período de auditoría anual de cumplimiento.
31 de marzo de 2029Fecha límite para la entrega de los primeros reportes de auditoría.

De la Presentación de Avisos a la Gestión de Riesgos: ¿Qué Cambia en el Modelo de Cumplimiento?

El modelo anterior de la LFPIORPI colocaba el peso del cumplimiento en la presentación oportuna de avisos ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través del SAT. Era, en esencia, un sistema reactivo: detectar una operación sospechosa y reportarla.

El Acuerdo 115/2026 cambia lo anteior. El cumplimiento ahora se construye antes de que ocurra cualquier operación, mediante un sistema preventivo que comprende:

  • Identificación y conocimiento del cliente (KYC reforzado).
  • Evaluación del Beneficiario Controlador (Beneficiario Controlador).
  • Evaluación continua de riesgos por cliente, operación, canal y geografía.
  • Políticas internas documentadas con estándares mínimos obligatorios.
  • Capacitación anual del personal involucrado en el cumplimiento.
  • Sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
  • Auditorías independientes anuales con escala de calificación formal.

La pregunta ya no es “¿presentamos el aviso a tiempo?”, sino “¿tenemos un sistema robusto que identifique, mida y mitigue riesgos de forma continua?”.

Nuevas Obligaciones Clave del Acuerdo 115/2026

Estas son las nuevas obligaciones del acuerdo 115/2026:

Enfoque Basado en Riesgos (EBR)

El Capítulo II Quáter del Acuerdo introduce la obligación de diseñar e implementar una metodología documentada de evaluación de riesgos. Esta metodología debe contemplar cuatro elementos mínimos:

  1. Actos u operaciones.
  2. Tipo de clientes o usuarios.
  3. Países y áreas geográficas.
  4. Canales de envío o distribución.

La metodología debe incorporar indicadores específicos para delitos de terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita (artículos 139 Quáter y 400 Bis del Código Penal Federal), y alinearse con la Evaluación Nacional de Riesgos emitida por la UIF. Toda la documentación derivada de este proceso debe conservarse por al menos 10 años.

Un punto crítico: si la entidad no cuenta con operaciones previas suficientes, puede iniciar con datos proyectados, pero deberá actualizar la metodología al cumplir los primeros 12 meses de operación.

Fecha límite: 1 de marzo de 2027.

Clasificación de riesgo de clientes: mínimo tres niveles, revisión semestral

El Capítulo III Bis establece la obligación de clasificar a cada cliente en al menos tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto. Esta clasificación debe revisarse y actualizarse cada seis meses, y los sistemas automatizados de la entidad deben ejecutar este modelo de evaluación de forma continua, conservando el registro histórico de modificaciones por al menos 10 años.

Fecha límite: 1 de marzo de 2027.

Identificación del Beneficiario Controlador: mayor profundidad y orden de prelación

El Capítulo III Quinquies estandariza el proceso de identificación del Beneficiario Controlador para todas las Actividades Vulnerables, estableciendo un orden de prelación claro:

  1. La persona física que posea el 25% o más del capital social.
  2. La persona física que ejerza control efectivo por otros medios (no necesariamente legal o propietario).
  3. En ausencia de los anteriores, el funcionario de mayor rango en la estructura administrativa.

Esta información debe actualizarse durante toda la relación comercial y conservarse por 10 años. La obligación aplica incluso cuando el Beneficiario Controlador no es cliente directo de quien realiza la Actividad Vulnerable.

Fecha límite: 1 de marzo de 2027.

Manual de Políticas Internas: 14 secciones obligatorias en 90 días naturales

El Capítulo X del Acuerdo eleva el Manual de Políticas Internas a un documento central del sistema de cumplimiento. Debe contener 14 secciones mínimas que cubren, entre otros aspectos:

  • Identificación y conocimiento del cliente.
  • Clasificación por nivel de riesgo.
  • Detección de desviaciones en el perfil transaccional.
  • Programas de capacitación.
  • Procedimientos de auditoría interna.
  • Metodología del Enfoque Basado en Riesgos.

Los criterios para abrir, limitar o terminar relaciones comerciales con clientes o usuarios deben ser congruentes con la metodología EBR incorporada al Manual. El plazo para elaborarlo es de 90 días naturales a partir del alta y registro ante el SAT.

Para quienes ya están registrados, la actualización del Manual para incluir la metodología EBR tiene como fecha límite el 1 de marzo de 2027.

Mecanismos automatizados: seis funciones mínimas no negociables

El Capítulo XIII establece que los sistemas tecnológicos de monitoreo ya no son opcionales. Deben ser capaces de ejecutar, como mínimo, las siguientes seis funciones:

  1. Ejecutar el modelo de evaluación de riesgos para clasificar clientes por Grado de Riesgo.
  2. Agrupar las operaciones de cada cliente en periodos de hasta seis meses.
  3. Generar alertas por transacciones de alto riesgo o vinculadas a Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
  4. Detectar desviaciones respecto al perfil transaccional del cliente.
  5. Generar y conservar un registro histórico de las operaciones y modificaciones al perfil por al menos 10 años.
  6. Integrarse con los controles internos y las políticas del Manual.

Fecha límite de operación: 1 de junio de 2027, con datos generados desde esa fecha en adelante.

Auditoría anual de cumplimiento: revisión independiente con calificación formal

El Capítulo XIV introduce una obligación de auditoría anual de cumplimiento, realizada por un auditor independiente. El resultado se documenta en un reporte formal con una escala de calificación de cinco niveles. Los plazos de entrega están definidos y el primer período de auditoría corre de enero a diciembre de 2028, con entrega del reporte al 31 de marzo de 2029.

Capacitación anual obligatoria: mínimo un curso por año, registros por 10 años

El Capítulo XII establece que todo el personal involucrado en funciones de cumplimiento debe recibir al menos un programa de capacitación anual. Los instructores deben contar con un mínimo de cinco años de experiencia acreditada. Los registros de capacitación deben conservarse por 10 años. El primer período de cumplimiento para esta obligación corre de enero a diciembre de 2027.

Avisos de sospecha en 24 horas: sin importar el monto ni la conclusión de la operación

Una de las reformas más operativamente exigentes del Acuerdo es la obligación de presentar avisos de operaciones inusuales a la UIF en un plazo máximo de 24 horas desde que se detecta el comportamiento sospechoso. Este plazo aplica incluso si la operación no se completó o si el monto está por debajo del umbral de aviso establecido.

¿Quiénes están Obligados? Actividades Vulnerables y Sectores Afectados

El Acuerdo aplica a todas las personas físicas y morales que realizan Actividades Vulnerables conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI. Antes de definir qué debe hacer tu organización, el primer paso es confirmar si realiza alguna de estas actividades.

Los sectores con mayor impacto del Acuerdo 115/2026 incluyen:

  • Desarrolladores inmobiliarios y constructoras: cambios significativos en la documentación de clientes y en la definición ampliada de “Cliente o Usuario”, que ahora incluye explícitamente al desarrollo inmobiliario y proyectos de construcción.
  • Servicios financieros y gestión patrimonial: refuerzo en la identificación del Beneficiario Controlador y en el monitoreo transaccional continuo.
  • Notarios y profesionales del derecho: obligación de presentar avisos de sospecha en no más de 24 horas en actividades de certificación documental.
  • Comercios, joyerías y negocios con alto manejo de efectivo: necesidad urgente de actualizar o implementar sistemas automatizados de monitoreo.
  • Casinos y establecimientos de juego: nuevas capas de revisión para PEPs y clasificación de riesgo.
  • Fideicomisos y figuras jurídicas equivalentes: el Capítulo II Ter habilita ahora su registro formal, con vigencia desde el 30 de noviembre de 2026.
  • Asociaciones sin fines de lucro que reciben donativos: aunque no sean formalmente Actividad Vulnerable, el Capítulo XI les exige implementar medidas de prevención proporcionales con enfoque basado en riesgo.

El rol de la tecnología: por qué los sistemas automatizados son ahora el centro del cumplimiento

El Acuerdo 115/2026 convierte a la tecnología en un requisito regulatorio, no en una ventaja competitiva opcional. Los mecanismos automatizados deben:

  • Monitorear transacciones en tiempo real.
  • Detectar y alertar sobre comportamientos inusuales o desviaciones del perfil transaccional.
  • Clasificar a los clientes por nivel de riesgo de forma continua.
  • Generar trazabilidad completa para auditorías regulatorias.
  • Retener datos históricos por un mínimo de 10 años.

Para muchas organizaciones, esto implica una evaluación honesta de su infraestructura tecnológica actual: 

¿Puede el sistema existente ejecutar las seis funciones mínimas exigidas por el Capítulo XIII? ¿Está integrado con el Manual de Políticas Internas y con los controles de riesgo? 

Si la respuesta es no, el proceso de actualización o sustitución tecnológica debe comenzar hoy.

Impacto sectorial: lo que cada industria debe anticipar

Cada sector enfrenta un nivel diferente de ajuste. A modo de orientación general:

  • Los desarrolladores inmobiliarios deben revisar toda la cadena de documentación de clientes bajo la nueva definición ampliada, que incluye fideicomisos y proyectos de construcción.
  • Las instituciones financieras y administradoras de patrimonio deben fortalecer el proceso de identificación del Beneficiario Controlador y garantizar la actualización semestral del perfil de riesgo de cada cliente.
  • Los notarios y abogados con funciones de certificación documental deben establecer protocolos claros de detección y reporte en 24 horas.
  • Los comercios de alto valor y joyerías necesitan priorizar la inversión en sistemas de monitoreo automatizado que cumplan con las seis funciones mínimas.
  • Las empresas con estructuras corporativas complejas deben asegurarse de identificar y documentar al Beneficiario Controlador efectivo, más allá de la estructura legal formal.

Pasos para Iniciar el Proceso de Cumplimiento Ahora

El tiempo disponible antes de la entrada en vigor general del Acuerdo (30 de noviembre de 2026) es limitado. Estas son las acciones prioritarias que toda organización obligada debe tomar en los próximos meses:

  1. Confirmar si realizas Actividades Vulnerables conforme al Artículo 17 de la LFPIORPI. Si la respuesta es afirmativa, el proceso de adaptación es inmediato.
  2. Realizar un diagnóstico interno de los procesos actuales de identificación de clientes, conocimiento del cliente (KYC) y controles existentes, comparándolos con los nuevos estándares.
  3. Evaluar el Manual de Políticas Internas vigente frente a las 14 secciones mínimas exigidas por el Capítulo X del Acuerdo, e identificar las brechas documentales.
  4. Auditar la infraestructura tecnológica para determinar si los sistemas actuales pueden ejecutar las seis funciones mínimas del Capítulo XIII; si no, iniciar el proceso de evaluación y contratación de soluciones.
  5. Asignar presupuesto y recursos para las actualizaciones de sistemas, los programas de capacitación y las funciones de auditoría independiente.
  6. Programar una revisión legal y de cumplimiento para mapear todas las nuevas obligaciones frente a los procedimientos actuales e identificar vacíos críticos.
  7. Construir un calendario de implementación alineado con las fechas del Acuerdo: noviembre de 2026, marzo de 2027, junio de 2027, y los períodos de 2027 y 2028 para capacitación y auditoría.

Acuerdo 115/2026: Gobernanza de Riesgo Sostenible

El Acuerdo 115/2026 marca el cierre de una era en la que el cumplimiento antilavado en México se medía por la presentación de formularios y el inicio de una nueva, donde se evalúa la solidez del sistema de gestión de riesgos de cada organización.

Las empresas que comiencen hoy el proceso de adaptación (realizando diagnósticos, actualizando sus manuales, evaluando su tecnología y formando a su personal) llegarán al 30 de noviembre de 2026 con una ventaja: menor costo de implementación, menos disrupciones operativas y una estructura de gobernanza diseñada para sostenerse en el tiempo.

El marco regulatorio seguirá evolucionando. La Secretaría de Hacienda tiene previsto implementar los mecanismos tecnológicos de notificación electrónica dentro de los ocho meses posteriores a la entrada en vigor del Acuerdo y la UIF lanzará en agosto de 2027 la herramienta PEP 2.0 para consulta de Personas Políticamente Expuestas. 

Las organizaciones que establezcan una gobernanza de cumplimiento robusta desde ahora estarán mejor posicionadas para adaptarse a cada nueva capa regulatoria sin incurrir en costos extraordinarios.

En Consolidé, acompañamos a empresas de todos los sectores en el diseño e implementación de procesos de cumplimiento normativo eficientes, documentados y auditables. 

Si tu organización necesita evaluar su posición frente al Acuerdo 115/2026 y construir un plan de acción, nuestro equipo de especialistas está listo para acompañarte. Contáctanos.

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El SAT incorporó el criterio 43/ISR/PI en la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, clasificando como práctica fiscal indebida el uso de terceros para canalizar bonos, incentivos y comisiones a trabajadores, socios o accionistas con tratamiento de ingreso exento. Las empresas que operen bajo estos esquemas enfrentan riesgos de auditoría, pérdida de deducciones y créditos de IVA. El criterio 43/ISR/PI no crea nuevas obligaciones fiscales, pero sí fortalece de manera considerable la postura del SAT en auditorías, revisiones electrónicas y determinaciones de créditos fiscales. Este cambio afecta directamente a empresas que canalizan bonos, incentivos, comisiones o compensaciones especiales a sus colaboradores, socios o accionistas mediante asociaciones civiles o sociedades intermediarias, arguyendo que dichos pagos constituyen ingresos exentos. Comprender el alcance real de este criterio es el primer paso para proteger la posición fiscal de tu organización. En este artículo explicamos qué es el criterio 43/ISR/PI, por qué el SAT lo considera una práctica fiscal indebida, cuáles son las consecuencias concretas para las empresas y qué acciones preventivas deben adoptarse de inmediato. ¿Qué es el Criterio 43/ISR/PI y Por qué Importa Ahora? El criterio 43/ISR/PI es una disposición incorporada por el SAT al Anexo 3 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026 bajo la categoría de Práctica Fiscal Indebida. Su objetivo es identificar y desincentivar los esquemas mediante los cuales personas morales utilizan a terceros (ya sea asociaciones civiles o sociedades mercantiles) para entregar recursos económicos a trabajadores, socios o accionistas bajo conceptos como: Bonos de productividad Incentivos laborales Comisiones Compensaciones especiales Primas o apoyos relacionados con la NOM-035-STPS-2018 El mecanismo cuestionado funciona de la siguiente manera: la empresa contratante paga a un intermediario, quien a su vez entrega los recursos a los beneficiarios finales clasificándolos como ingresos exentos, evitando así la retención y el entero del ISR correspondiente. Antes de esta modificación, el criterio existía como una interpretación administrativa del SAT. Al convertirse en Práctica Fiscal Indebida, la autoridad puede utilizarlo activamente durante auditorías fiscales, revisiones electrónicas y actos de fiscalización, lo que amplía considerablemente su impacto práctico. ¿Por qué el SAT Considera esta Práctica como Indebida? A continuación te explicamos porque el SAT considera que esta práctica es indebida: Solo la Ley del ISR puede crear exenciones fiscales La Ley del ISR, en su artículo 93, establece de manera taxativa cuáles son los ingresos que se consideran exentos para personas físicas. Ninguna otra normativa (ni la LFT, ni una NOM) tiene facultades para crear nuevas exenciones fiscales. Todo pago derivado de una relación laboral es, por definición, un ingreso gravado sujeto a retención de ISR. El malentendido de la NOM-035 Un argumento frecuentemente utilizado para justificar estos esquemas es el cumplimiento de la NOM-035-STPS-2018. Sin embargo, el SAT es claro: esta norma tiene como propósito identificar y prevenir riesgos psicosociales en el entorno laboral. No obliga a las empresas a realizar pagos económicos a sus colaboradores y usarla como justificación para catalogar compensaciones como ingresos exentos no tiene sustento legal. Los pagos siguen siendo ingresos gravados, independientemente del nombre que se les asigne. La naturaleza del ingreso no cambia por el canal de pago Que un pago provenga directamente de la nómina o a través de una sociedad intermediaria no altera su naturaleza fiscal. Si el origen del pago es una relación laboral, de socio o de accionista, el tratamiento fiscal aplicable es el que corresponde a sueldos, ingresos asimilados o dividendos, según el caso. Las 6 Prácticas Fiscales Indebidas Identificadas por el SAT El criterio 43/ISR/PI identifica conductas específicas que la autoridad considera improcedentes. Conocerlas permite a las empresas realizar una autoevaluación de riesgo: Simular ingresos exentos: Otorgar tratamiento de ingreso exento a pagos que, en su verdadera naturaleza, constituyen salarios, ingresos asimilados o dividendos. Omitir la retención de ISR: No retener ni enterar el ISR correspondiente en el momento en que se realizan los pagos. No acumular el ingreso: Que el trabajador, socio o accionista reciba los recursos y omita declararlos como ingreso acumulable en su declaración anual de ISR. Deducir los pagos al intermediario: Pretender deducir como gasto estrictamente indispensable el dinero pagado a la sociedad o asociación civil utilizada como canal de distribución. Acreditar el IVA del intermediario: Recuperar el IVA trasladado por los servicios del intermediario cuando la operación no cumple con el requisito de estricta indispensabilidad. Asesorar o participar en el esquema: Este punto es particularmente relevante: el criterio también alcanza a despachos, consultores y asesores fiscales que diseñen, promuevan o implementen estos mecanismos. Consecuencias Fiscales para las Empresas Las implicaciones de operar bajo un esquema clasificado como práctica fiscal indebida no se limitan a un rechazo documental. Las consecuencias patrimoniales pueden ser significativas: Pérdida de deducciones en ISR: Los pagos realizados a sociedades intermediarias para "administrar" estas compensaciones no se consideran erogaciones estrictamente indispensables. En consecuencia, no son deducibles para efectos del ISR empresarial. IVA no acreditable: Al perder la calidad de gasto estrictamente indispensable, el IVA que trasladan los intermediarios deja de ser acreditable, generando un costo fiscal adicional. Determinación de créditos fiscales: Las empresas pueden enfrentar liquidaciones por ISR omitido, más actualización, recargos y, en su caso, multas. Responsabilidad solidaria: Los administradores y representantes legales involucrados en la implementación de estos esquemas pueden asumir responsabilidades directas frente al SAT. Recomendaciones prácticas para proteger a tu empresa Ante este nuevo escenario de fiscalización, actuar con anticipación es la estrategia más eficaz. Las siguientes medidas reducen materialmente el riesgo de una revisión adversa: Realizar una auditoría fiscal preventiva para identificar estructuras de pago que puedan encuadrar en los supuestos del criterio 43/ISR/PI. Documentar la razón de negocios detrás de cada esquema de compensación. La autoridad puede requerir evidencia suficiente de que los servicios contratados son real y efectivamente prestados. Revisar los contratos con terceros vinculados a programas de incentivos, bonos, comisiones y bienestar laboral para verificar su sustancia jurídica y fiscal. Fortalecer la materialidad de las operaciones: La documentación debe demostrar, de manera fehaciente, que los servicios se ejecutaron y que tienen una finalidad económica real. Garantizar la correcta retención y entero del ISR sobre todos los conceptos de remuneración, independientemente del canal a través del cual se realicen los pagos. Consultar con especialistas en nómina y cumplimiento fiscal para reestructurar cualquier esquema de pago que no sea compatible con el criterio 43/ISR/PI. Consolidé: tu Aliado Estratégico frente al SAT El criterio 43/ISR/PI confirma que el SAT está intensificando la revisión de los esquemas de compensación empresarial. Las organizaciones que operen con estructuras de pago a través de terceros deben tomar medidas concretas antes de que llegue una auditoría, no después. En Consolidé te apoyamos con la maquila de nómina legal, asegurando que cada pago a tus colaboradores cumpla con los requisitos de retención, acumulación y documentación que exige la legislación fiscal vigente. Nuestro equipo especializado te ayuda a revisar tus esquemas actuales, identificar áreas de vulnerabilidad y construir una estructura de compensación sólida, eficiente y libre de contingencias fiscales. No esperes a que el SAT llame a tu puerta. Contáctanos y convierte el cumplimiento fiscal en una ventaja competitiva para tu empresa.
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Certificado digital del IMSS ya no se usa
Adiós al Certificado Digital del IMSS para Movimientos Afiliatorios: Ahora con e.firma
A partir del 17 de julio de 2026, el IMSS exige el uso exclusivo de la e.firma emitida por el SAT para realizar movimientos afiliatorios por medios electrónicos. El NPIE y su certificado digital quedan eliminados. Los patrones tienen hasta el 13 de octubre de 2026 para completar la migración. El Instituto Mexicano del Seguro Social acaba de anunciar un cambio muy importante en relación a los movimientos afiliatorios con la publicación del Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 16 de julio de 2026: el Número Patronal de Identificación Electrónica (NPIE) y su certificado digital dejan de tener vigencia. En su lugar, la e.firma emitida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se convierte en el único mecanismo válido para firmar trámites electrónicos ante el Instituto. Para patrones, representantes legales, contadores y directores de RR.HH, implica verificar la vigencia de una credencial digital, ajustar procesos internos y en algunos casos, gestionar nuevos accesos ante el SAT y el Escritorio Virtual del IMSS. Quien no actúe a tiempo, arriesga interrumpir sus movimientos afiliatorios con consecuencias legales y operativas directas. En este artículo, te explicamos qué establece el acuerdo, qué cambia en la operación diaria, cómo es el periodo de transición y qué pasos concretos debe seguir su empresa para cumplir sin contratiempos. ¿Qué Establece el Acuerdo ACDO.AS2.HCT.290626/176.P.DIR? El H. Consejo Técnico del IMSS aprobó este acuerdo en sesión ordinaria del 29 de junio de 2026. Sus puntos principales son: Uso exclusivo de la e.firma: Cuando los patrones o sujetos obligados opten por realizar actos ante el IMSS mediante medios electrónicos, deberán firmarlos con la e.firma emitida por el SAT. Estos actos producen los mismos efectos jurídicos que una firma autógrafa. Vinculación de representantes legales solo por Escritorio Virtual: Toda persona facultada para actuar en nombre del patrón (sea representante legal, administrador u otra figura) deberá vincularse exclusivamente a través del Escritorio Virtual del IMSS, usando la e.firma tanto del representado como del representante. Derogación del NPIE: El acuerdo deja sin efectos el uso del Número Patronal de Identificación Electrónica y del certificado digital expedido por el propio IMSS, así como los acuerdos 43/2004 y 533/2006 que lo regulaban. Periodo de transición de 90 días naturales: A partir del 17 de julio de 2026, los patrones tienen plazo hasta el 13 de octubre de 2026 para migrar al uso exclusivo de la e.firma. El fundamento legal del acuerdo incluye los artículos 15, 237-B y 251 de la Ley del Seguro Social, así como el artículo 7 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, entre otros ordenamientos. ¿Cuándo inicia el periodo de transición del reemplazo del certificado digital por la e.fima para movimientos afiliatorios? 17 de julio de 2026 ¿Qué es la e.firma y Por Qué el SAT la Emite? La e.firma (antes conocida como FIEL) es la Firma Electrónica Avanzada que el SAT emite a personas físicas y morales con RFC activo. Se compone de un certificado digital y una llave privada que, en conjunto, garantizan la identidad del firmante y la integridad del documento. Desde 2013, el IMSS ya contemplaba la migración hacia la e.firma del SAT como mecanismo de autenticación. El acuerdo de junio de 2026 concluye formalmente ese proceso de transición, al declarar cumplido el supuesto transitorio previsto en las Reglas de Carácter General publicadas en el DOF el 14 de noviembre de 2013. La e.firma tiene reconocimiento legal pleno conforme al CFF (artículo 17-D) y a la Ley de Firma Electrónica Avanzada (artículo 2, fracción XIII, y artículo 7). Su uso estandariza los trámites digitales ante distintas dependencias del gobierno federal bajo un solo instrumento de autenticación, lo que reduce la carga administrativa para los patrones a largo plazo. Periodo de Transición: Fechas Clave que no Puedes Ignorar ¿Cuáles son las fechas clave para la sustitución del certificado digital por la e.firma para movimientos afiliatorios ante el IMSS? FechaEvento29 de junio de 2026El H. Consejo Técnico aprueba el acuerdo16 de julio de 2026Publicación en el Diario Oficial de la Federación17 de julio de 2026Entrada en vigor del acuerdo13 de octubre de 2026Fin del periodo de transición de 90 días Durante los 90 días naturales de transición, ambos mecanismos (el NPIE y la e.firma) podrán coexistir para la realización de trámites. Sin embargo, a partir del 14 de octubre de 2026, la e.firma del SAT será el único certificado digital aceptado. Quien no haya completado la migración para entonces quedará imposibilitado para realizar movimientos afiliatorios por medios electrónicos. ¿Cómo Cumplir? A continuación una breve guía para el cumplimiento: ¿Cómo verificar o renovar la e.firma ante el SAT? Ingresar al portal del SAT (sat.gob.mx) y consultar la vigencia del certificado de e.firma. Si el certificado está próximo a vencer o ya expiró, agendar una cita en el SAT para renovarlo presencialmente, llevando identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio fiscal. Las personas morales deben asegurarse de que tanto el representante legal como la empresa cuenten con e.firma vigente y activa. ¿Cómo vincular a un representante legal en el Escritorio Virtual del IMSS? El Escritorio Virtual del IMSS requiere que tanto el patrón (persona física o moral) como el representante legal cuenten con RFC y e.firma vigente emitida por el SAT. Los pasos generales son: Ingresar al Escritorio Virtual del IMSS con la e.firma del patrón. Registrar o actualizar los datos del representante legal. Completar la vinculación con la e.firma del representante, quien también deberá autenticarse y firmar. Ante cualquier duda operativa, el propio acuerdo instruye a la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS para resolver aclaraciones que presenten las unidades administrativas o los patrones. ¿Qué movimientos afiliatorios se ven afectados? Todos los actos que los patrones o sujetos obligados realicen ante el IMSS por medios electrónicos quedan sujetos a esta disposición. Esto incluye altas, bajas y modificaciones de salario de trabajadores, entre otros movimientos afiliatorios que hoy se realizan con el NPIE. Ventajas y Retos del Nuevo Esquema ¿Cómo impacta esta actualización? Beneficios para los patrones La consolidación de la e.firma del SAT como único mecanismo de autenticación para trámites ante el IMSS ofrece ventajas como: Estandarización: Un solo instrumento para trámites ante el SAT, el IMSS y otras dependencias que reconocen la e.firma. Mayor seguridad jurídica: Los actos firmados con e.firma tienen pleno valor probatorio equivalente a la firma autógrafa. Reducción de credenciales: Elimina la necesidad de gestionar el NPIE como certificado separado del IMSS. Retos operativos que deben anticiparse Vigencia del certificado: Muchas empresas tienen e.firma vencida o próxima a vencer. Renovarla requiere cita presencial ante el SAT, lo que puede generar tiempos de espera. Representantes legales sin e.firma activa: En empresas con múltiples representantes, la gestión de credenciales puede volverse compleja. Capacitación interna: El personal de RR.HH. y nómina debe familiarizarse con el Escritorio Virtual y los nuevos flujos de autenticación antes del 13 de octubre de 2026. Riesgo de discontinuidad operativa: Una e.firma vencida o mal configurada puede bloquear la realización de movimientos afiliatorios, con consecuencias directas en la afiliación de trabajadores y el cumplimiento ante el IMSS. Actúa Ahora: el 13 de Octubre no Espera La fecha es fija y las consecuencias de no cumplir son reales. Los patrones que no verifiquen la vigencia de su e.firma, que no vinculen correctamente a sus representantes legales en el Escritorio Virtual o que desconozcan estos nuevos requisitos, enfrentan el riesgo de no poder procesar movimientos afiliatorios una vez concluido el periodo de transición. Errores en altas, bajas o modificaciones de salario ante el IMSS pueden derivar en multas, recargos y contingencias laborales que son perfectamente evitables con una gestión preventiva. En Consolidé somos su aliado estratégico para afrontar estos cambios normativos sin errores, retrasos ni omisiones. Nuestro equipo especializado en seguridad social y movimientos afiliatorios te ayuda a verificar el estado de tu e.firma, acompañar la vinculación en el Escritorio Virtual y mantener tu operación en pleno cumplimiento ante el IMSS.  Contáctanos y evita que un cambio regulatorio se convierta en un problema de nómina.
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AT publica contribuyentes con facturas falsas
SAT Publica Primeros Contribuyentes con Facturas Falsas
El SAT aplicó por primera vez las "auditorías exprés" del artículo 49 Bis del Código Fiscal de la Federación y publicó en el DOF el 10 de julio de 2026 los primeros tres contribuyentes cuyos CFDI quedaron sin efectos fiscales. Quienes utilizaron esas facturas tienen 30 días naturales para presentar una declaración complementaria o enfrentar la restricción de su Certificado de Sello Digital (CSD). La evasión fiscal mediante facturas falsas ha sido uno de los problemas más persistentes del sistema tributario mexicano. Año tras año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha perfeccionado sus herramientas para detectar y sancionar a las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).  Para 2026, la autoridad fiscal incorporó al Código Fiscal de la Federación (CFF) el artículo 49 Bis, que habilita un procedimiento de fiscalización acelerado conocido como "auditoría exprés". El resultado de su primera aplicación práctica fue la publicación en el DOF de los primeros contribuyentes cuyas facturas fueron declaradas falsas con efectos generales. Si tu empresa recibió CFDI de alguno de los contribuyentes señalados o si deseas entender cómo este nuevo esquema puede afectar su operación, en este artículo te compartimos las acciones preventivas que debes tomar de inmediato. ¿Qué son las Auditorías Exprés del SAT y en qué se Diferencian de una Auditoría Tradicional? El artículo 49 Bis del CFF, vigente desde 2026, creó un nuevo mecanismo de revisión que permite al SAT verificar la validez de los comprobantes fiscales de un contribuyente con mayor rapidez que una auditoría tradicional. A diferencia de los procedimientos convencionales, que pueden extenderse por meses o incluso años, la auditoría exprés opera en plazos considerablemente menores. El proceso funciona de la siguiente manera: Verificación de CFDI: El SAT detecta indicios de que las facturas emitidas por un contribuyente no cumplen los requisitos legales establecidos en el artículo 29-A del CFF. Defensa del contribuyente: La autoridad inicia un procedimiento en el que el contribuyente debe presentar pruebas de la validez y materialidad de sus operaciones. Resolución definitiva: Si el contribuyente no logra desvirtuar la presunción de falsedad, el SAT emite una resolución definitiva que declara que esos CFDI no producen efectos fiscales y publica el nombre y RFC del contribuyente en el DOF. El respaldo legal de estas auditorías proviene de los artículos 29-A y 49 Bis del CFF. El artículo 29-A establece los requisitos que deben cumplir los comprobantes fiscales, mientras que el 49 Bis faculta a la autoridad para actuar de forma directa y expedita cuando detecta incumplimientos durante cualquier revisión fiscal. Primeros Contribuyentes Publicados en el DOF por Facturas Falsas El 10 de julio de 2026, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer oficio derivado de las auditorías exprés. En los tres casos, la autoridad concluyó que los contribuyentes no lograron desvirtuar la presunción de falsedad de los comprobantes emitidos: ContribuyenteRFCAsociación Patronal Región Zamora, A.C.APR181217P21Alianza Corporativa Camarense, A.C.ACC210823UA5Confederación de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, Municipios e Instituciones Descentralizadas de la República MexicanaCSP170608IV8 La publicación de estos datos tiene implicaciones directas para los contribuyentes señalados y para cualquier persona física o moral que haya utilizado sus CFDI. Los socios comerciales que dedujeran gastos o acreditaran IVA con base en esas facturas quedan automáticamente expuestos a obligaciones de corrección y posibles sanciones. ¿Qué Deben hacer los Contribuyentes que Usaron esos CFDI? Quienes hayan utilizado facturas emitidas por alguno de los tres contribuyentes publicados tienen una obligación y un plazo definido: Presentar una declaración complementaria para eliminar el efecto fiscal que dieron a esos comprobantes, ya sea en deducciones de ISR, acreditamiento de IVA o cualquier otro beneficio fiscal obtenido. El plazo es de 30 días naturales, contados a partir de la publicación del oficio en el DOF (es decir, a partir del 10 de julio de 2026). ¿Qué ocurre si no se regulariza la situación en ese plazo? Las consecuencias son inmediatas y operativamente graves. El SAT podrá restringir temporalmente el Certificado de Sello Digital (CSD) del contribuyente incumplido. Sin el CSD activo, la empresa pierde la capacidad de emitir facturas electrónicas, lo que paraliza su facturación e interrumpe su flujo de efectivo mientras no regularice su situación. El impacto en la reputación ante clientes y proveedores puede ser igualmente significativo. Estrategia del SAT y Criterios de Programación de Auditorías para 2026 Esta publicación forma parte de una estrategia de fiscalización más amplia que el SAT anunció el 20 de octubre de 2025, cuando dio a conocer los criterios de programación de auditorías para el ejercicio fiscal 2026. La medida busca establecer condiciones equitativas en la recaudación y brindar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes. El SAT programó más de 16,200 auditorías para 2026 y ha dejado clara su postura: solo se auditará a contribuyentes identificados con conductas de alto riesgo relacionadas con evasión o elusión fiscal. ¿Cuáles son las conductas de alto riesgo que activan una auditoría? La autoridad fiscal ha definido los siguientes perfiles de riesgo: Operaciones con EFOS: Realizar transacciones con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas, entidades que emiten facturas por operaciones inexistentes. Pérdidas fiscales recurrentes: Declarar pérdidas de manera constante sin justificación económica razonable. Simulación o abuso de deducciones: Declarar deducciones que no corresponden a operaciones reales o que exceden los límites legales. Ingresos no declarados: Obtener ganancias que no se reportan al SAT. Solicitud de devoluciones improcedentes: Intentar obtener saldos a favor mediante información falsa o manipulada. Tasa efectiva de impuestos inferior al sector: Pagar un porcentaje significativamente menor de impuestos en comparación con empresas similares. Cómo Proteger a tu Empresa Actuar de forma preventiva es la decisión más inteligente. Estas son las acciones clave: 1. Revisa constantemente tu situación fiscal Realiza auditorías internas periódicas para detectar inconsistencias antes de que la autoridad las identifique. Revisar la contabilidad electrónica al menos cada 30 días es una práctica recomendable. 2. Verifica la materialidad de tus operaciones Un CFDI y una transferencia bancaria ya no son suficientes. El SAT exige evidencia real de que la transacción ocurrió: contratos, cotizaciones, correos electrónicos, bitácoras de entrega y cualquier otro soporte documental. https://youtu.be/_DINnddcusE?si=6hJ24lCnU9neFgG2 3. Monitorea a tus proveedores Verifica de manera constante que ninguno de tus proveedores figure en las listas de EFOS del SAT, tanto en estatus presunto como definitivo. Una sola operación con un proveedor señalado puede derivar en una auditoría exprés. 4. Cuida las nuevas relaciones comerciales Antes de iniciar una relación con un nuevo proveedor o cliente, verifica su situación fiscal. El SAT cuenta con herramientas públicas para consultar el estado de los contribuyentes. 5. Busca asesoría profesional especializada La complejidad del nuevo marco normativo exige el acompañamiento de expertos en cumplimiento fiscal. Un error de interpretación puede tener consecuencias operativas y económicas severas. Lo que esta Primera Publicación Anticipa para el Resto del Año La publicación del 10 de julio de 2026 marca el inicio visible de la aplicación del artículo 49 Bis del CFF. Este primer oficio en el DOF es la señal más clara de que el mecanismo ya opera con plena eficacia, y que sus efectos se extenderán a más contribuyentes en los próximos meses. Las empresas que adopten un enfoque proactivo hacia el cumplimiento tributario podrán evitar sanciones costosas y procesos de fiscalización complejos. Documentar la materialidad de cada operación, auditar proveedores con regularidad y mantener la contabilidad en orden son las tres acciones con mayor impacto preventivo.  No esperes a recibir una notificación del SAT para revisar tu situación fiscal: actúa ahora. Contáctanos.
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sat restringe sellos digitales
SAT Restringe Sellos Digitales a más de 7,000 Empresas
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha restringido los sellos digitales a más de 7,300 contribuyentes en 2026 por presuntos vínculos con Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Para recuperar la capacidad de facturación, las empresas deben presentar una aclaración documentada ante el SAT en un plazo máximo de 40 días hábiles. Los Certificados de Sello Digital (CSD) son el motor operativo de cualquier negocio formal en México. Sin este archivo electrónico, una empresa pierde inmediatamente la capacidad de emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), paralizando su facturación, interrumpiendo su flujo de efectivo y comprometiendo su viabilidad comercial. Para las organizaciones, mantener activo este sello es un requisito indispensable de supervivencia. Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ejecutó una ofensiva sin precedentes contra las estructuras de evasión fiscal. Según datos revelados por autoridades del organismo recaudador y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el SAT restringió los sellos digitales de aproximadamente 7,300 contribuyentes vinculados con operaciones simuladas. Las empresas deben comprender las causas que detonan estas restricciones, los riesgos operativos que conllevan y las estrategias legales disponibles para defenderse. La fiscalización exige controles internos rigurosos y una respuesta técnica inmediata ante cualquier notificación del SAT para evitar el colapso financiero. ¿Cómo ha escalado la fiscalización del SAT contra las factureras en 2026? El escrutinio del Servicio de Administración Tributaria sobre las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) ha experimentado un aumento drástico. Mientras que en los años 2022 y 2023 se registraban alrededor de 100 casos anuales, las cifras actuales demuestran una aceleración en la detección de irregularidades. De acuerdo con los reportes oficiales del SAT, hasta mediados de año se publicaron 913 nuevas empresas identificadas como EFOS. Además, los registros relacionados con operaciones simuladas concentran a 14,424 contribuyentes, de los cuales 11,633 (cerca del 80%) ya aparecen en los listados con un estatus definitivo. Gari Flores, administrador general de Recaudación del SAT, declaró públicamente que la institución mantiene una política de cero tolerancia frente a las empresas factureras y los delitos fiscales. Esta rigurosidad responde al grave daño que la evasión causa al erario público y a la competencia económica legítima. Según datos del gobierno federal [La Jornada, 2026], entre 2022 y 2025 el monto defraudado por estas prácticas alcanzó los 54,698 millones de pesos. ¿Cuál es el marco legal que faculta al SAT para suspender sellos? Para ejecutar estas acciones de control, el Servicio de Administración Tributaria se apoya en facultades específicas otorgadas por el Código Fiscal de la Federación (CFF). Conocer estos artículos es fundamental para estructurar una defensa técnica adecuada. ¿Qué establece el artículo 69-B sobre operaciones simuladas? El artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación regula el procedimiento para detectar y sancionar a los contribuyentes que emiten comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir los bienes amparados. Según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos del universo de casos revisados bajo este artículo, el 80% de los contribuyentes no respondió a los requerimientos de información del SAT, lo que derivó en resoluciones definitivas en su contra. ¿Cómo afecta el artículo 49-Bis a los emisores de facturas? Las reformas al Código Fiscal implementadas recientemente introdujeron el artículo 49-Bis, el cual dota al SAT de un procedimiento de fiscalización exprés. Las implicaciones de esta normativa incluyen: Acción directa contra emisores: La autoridad ahora realiza visitas de verificación más rápidas y directas contra quienes emiten los comprobantes fiscales, no solo contra quienes los deducen. Plazos reducidos: El SAT puede requerir información al emisor y otorgar un plazo perentorio de solo cinco días para responder tras realizar cruces de datos de facturación. Sanciones penales severas: Esta reforma constitucional habilita la prisión preventiva oficiosa para delitos fiscales graves, cambiando radicalmente el panorama de riesgo. La restricción de los Certificados de Sello Digital actúa como una medida cautelar y disruptiva dentro de este marco legal, deteniendo la operación del contribuyente antes de emitir una resolución definitiva. ¿Cuáles son las causas y riesgos de la restricción de sellos digitales? La suspensión operativa de una empresa rara vez ocurre sin advertencias previas en sus métricas de cumplimiento, aunque muchas veces estas inconsistencias pasan desapercibidas para la administración. ¿Por qué el SAT restringe los certificados de sello digital? El Servicio de Administración Tributaria no restringe los sellos de forma arbitraria; se basa en causales específicas detectadas por sus sistemas automatizados. Las más comunes incluyen: No ser localizado en el domicilio fiscal registrado. Presentar omisiones en la entrega de declaraciones periódicas. Mostrar inconsistencias evidentes entre los ingresos declarados y los CFDI emitidos o recibidos. Registrar operaciones comerciales con contribuyentes listados como EFOS o Empresas que Deducen Operaciones Simuladas (EDOS). Reflejar diferencias relevantes en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), la contabilidad electrónica o los reportes informativos. ¿Qué impacto tiene la suspensión para las empresas y sus clientes? Al no poder emitir facturas, la empresa no puede cobrar a sus clientes, deteniendo el flujo de efectivo casi de inmediato. Sin embargo, el peligro se extiende a los clientes de la empresa sancionada. Las organizaciones que deducen facturas de proveedores listados como EFOS también enfrentan auditorías y el rechazo de sus deducciones. Un ejemplo claro del nivel de alcance del SAT es el "Caso Caballito". En esta investigación interinstitucional, se desarticuló una red que involucraba a 446 empresas reales que utilizaron y dedujeron comprobantes emitidos por estructuras dedicadas a la simulación de operaciones, culminando en acciones penales directas. ¿Qué estrategias de defensa existen ante la restricción de sellos del SAT? Las empresas deben implementar rutinas de cumplimiento preventivo y saber reaccionar con precisión técnica ante cualquier acto de autoridad. ¿Qué medidas preventivas evitan la suspensión de facturación? Elige priorizar la prevención administrativa si su objetivo es evitar contingencias fiscales. Los expertos recomiendan las siguientes mejores prácticas: Auditoría periódica: Revisa la contabilidad electrónica al menos cada 30 días para identificar discrepancias antes que la autoridad. Monitoreo de proveedores: Verifica de manera constante que ninguno de tus proveedores comerciales aparezca en las listas negras definitivas o presuntas del SAT. Soporte de materialidad: Docuementa la existencia real de todas sus operaciones comerciales mediante contratos, cotizaciones, correos electrónicos, evidencia tus y bitácoras de entrega. Un CFDI y una transferencia bancaria ya no son suficientes para acreditar una operación ante el SAT. https://www.youtube.com/watch?v=_DINnddcusE&t=69s ¿Cómo responder a la notificación de restricción del SAT? Si tu empresa recibe una notificación de restricción de sellos, la velocidad y la calidad de la respuesta son determinantes. El contribuyente cuenta con un plazo legal de hasta 40 días hábiles para presentar un caso de aclaración a través del portal del SAT. Es vital evitar respuestas genéricas; el documento debe abordar específicamente la causal señalada por la autoridad y estar acompañado de pruebas documentales sólidas. Al presentar esta solicitud de aclaración correctamente, la ley obliga al SAT a restablecer el Certificado de Sello Digital de manera provisional al día siguiente hábil. Esto permite a la empresa reactivar su facturación y flujo de caja mientras la autoridad analiza la evidencia y emite una resolución definitiva. Protege la continuidad de tu negocio ante la vigilancia fiscal La restricción simultánea de sellos digitales a más de 7,300 contribuyentes confirma que el Servicio de Administración Tributaria cuenta con la tecnología y la voluntad legal para sancionar inconsistencias fiscales de manera masiva y veloz. El cumplimiento tributario es un pilar fundamental de la estrategia empresarial. Documentar la materialidad de las operaciones, auditar a los proveedores y reaccionar dentro de los márgenes legales son pasos innegociables para garantizar la supervivencia operativa. Recomendamos ejecutar una auditoría de prevención fiscal inmediatamente para alinear tus procesos internos con las exigencias del artículo 49-Bis del Código Fiscal de la Federación y evitar interrupciones costosas en tu cadena de valor. ¿Tienes dudas de la materialidad de las operaciones y cómo proteger a tu empresa? Contáctanos.
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